Mariano González

Una vez más, con la noticia de la condena a Telecinco (90.000 euros de indemnización) por mentir sobre la conducta de una persona (la duquesa de Alba), se pone de relieve que la Justicia no sirve para corregir las malas prácticas de algunas televisiones.

Telecinco debe tener el record de condenas en los tribunales, lo que a su vez supone un desembolso económico importante. Sin embargo, a esa cadena no le importa. Continúa con su telebasura porque, aún así, esas malas prácticas le resultan económicamente rentables a la empresa.

Sin embargo, existe un daño que la Justicia no puede reparar: la víctima ha tenido que esperar más de cinco años para que esa misma cadena repare, en parte, el mal causado a su persona. Ahora, cuando el Tribunal Supremo confirma la sentencia, de nuevo se hace necesario recordar lo sucedido. Es decir, de nuevo hay que propalar que, en un programa de Telecinco se afirmó que doña Cayetana había tenido un hijo con un famoso bailarín.

La noticia debiera hacer reflexionar a los Medios de Comunicación –no solo a las televisiones privadas- y a los periodistas empeñados en rechazar la constitución del Consejo Audiovisual Estatal. Argumentan que, para luchar contra los excesos en los contenidos de las televisiones, es suficiente el recurso a los jueces. Puede ser cierto, pero no en todos los casos.

Hay otro remedio

Por ejemplo, con arreglo a la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual,  los programas emitidos entre las cinco y las ocho de la tarde, tienen prohibido el lenguaje inadecuado, la temática conflictiva, las escenas de sexo y su banalización, la violencia, etcétera. Pues bien, ¿alguien conoce que alguna televisión haya sido sancionada por ese incumplimiento?

Más aún. ¿Se le ocurriría a alguien acudir a los tribunales porque en uno de esos programas se hiciera propaganda del esoterismo, o por alguno de los excesos antes citados? Si lo hiciera, ese juez esbozaría una sonrisa y, probablemente, se haría esta reflexión: “cinco años ha tardado la duquesa de Alba en ver restituido su honor frente a una falsedad del calibre de la difundida por una televisión. Cuando el juzgado resuelva sobre la temática conflictiva emitida en horario infantil, el programa habrá desaparecido hace años y el niño que se pretendía defender ha contraído matrimonio”.

En opinión de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR), los consejos audiovisuales que funcionan enNavarra, Andalucía y Cataluña, con todos sus defectos –algunos denunciados por las asociaciones de telespectadores- disponen de medios para reaccionar con agilidad en este nivel de infracciones. En muchas ocasiones, lo están haciendo. ¿Por qué entonces no se considera la posibilidad de que un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales –el previsto en la Ley Audiovisual- pueda constituir una herramienta eficaz para defender a los menores de edad ante contenidos televisivos inadecuados?

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