Mariano González

El día 21 de junio, en un foro sobre “Retos audiovisuales”, celebrado en Madrid, Ramón Jáuregui, confirmó la intención del Gobierno de cumplir el Acuerdo del Consejo de Ministros, que el día 3 había acordado iniciar los trámites para poner en práctica el mandato de la Ley General de la Comunicación Audiovisual: constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para poner orden en el sector de las televisiones y la producción audiovisual.

Para ATR, ello tiene mucho interés. Este órgano se ocuparía de la protección de los menores de edad de los contenidos inadecuados para ellos. Es decir, la impunidad con que las cadenas emiten ahora programas perjudiciales en horario llamado de protección para chicos menores de 13 años habría terminado.

El momento no es el mejor. El Parlamento va a entrar en periodo vacacional. Y cuando se reanude su actividad, en septiembre, la amenaza de un adelanto electoral está latente. No obstante, aunque este Gobierno haya tardado siete años en tomar la decisión, al menos se define a favor de cumplir las previsiones legales. Eso sí, quince meses después de entrar en vigor la Ley que crea el CEMA.

Características

El ministro definió algunas de las características que debe tener el Consejo Audiovisual Estatal. O lo que es lo mismo: salió al paso de los medios informativos que se obcecan en acusar a ese Consejo de órgano censor, obstáculo de la libertad de expresión, suplantador de la Justicia, gasto inútil y refugio de “amiguetes” del PSOE

En síntesis, esto es lo que anunció:
• Tendrá un carácter técnico y profesional, no formado a partir de cuotas parlamentarias. Si la afirmación va en serio, Jáuregui estaba rechazando el sistema que desde 1986 se sigue en la composición de este tipo de organismos: un reparto para que todos los partidos tengan “gente suya” que luego votan lo que el partido les pide.
•   El Consejo Audiovisual no restringirá las libertades, como no lo hace ninguno de los órganos similares existentes en otros países de nuestro entorno.
•   Es demagógica acusar al CEMA de censurar los contenidos audiovisuales porque no intervendrá en los contenidos.
•   Se regirá por criterios de austeridad, con un gasto reducido, a partir de tasas pequeñas.
•   Será un órgano independiente, pues precisamente lo que deseamos es sacar las actuales competencias que ahora ejerce el Ministerio de Industria y entregarlas al Consejo.
•   No suplantará a los tribunales sino que el recurso a la Justicia estará abierto a los sancionados, como sucede ahora cuando sanciona el Ministerio de Industria.
•   No es un capricho del Gobierno sino una exigencia de la Ley General Audiovisual y por instituciones públicas, como el Defensor del Pueblo, por organismos europeos y por numerosas asociaciones cívicas españolas.

Mi opinión es que el Gobierno tendrá difícil constituir el CEMA en lo que queda de legislatura. De hecho, Jáuregui no entró en detalle alguno sobre el proceso necesario para pactar los vocales del Consejo. Pero al margen de ello, el PSOE quiere presentarse como defensor del espectador y contrario a la telebasura, mientras que del PP resalta sus contradicciones: por un lado defiende la protección de menores y la exige; por otro se niega a que eso lo haga el CEMA, órgano independiente.

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